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¿Me defiendes gratis y si ganamos te quedas con las costas? Esta es sin duda la propuesta con la que muchos clientes se acercan a un despacho de abogados, pretendiendo que el profesional haga su trabajo y que se le remunere por el resultado convirtiéndose en un “abogado gratis“.

Tal y como ya comenté en otro post, El Beneficio de la Justicia Gratuítael abogado tiene derecho a cobrar por su trabajo, con independencia del resultado de mismo. A nadie en su sano juicio se le ocurriría decirle al oncólogo que trata su cáncer de pulmón, que solo le pagara si se cura, o tampoco, se le ocurriría ir a un despacho de loterías y llevarse 20 billetes de lotería gratis a cambio de darle el 25 % del premio al lotero si toca, aunque por increíble que parezca, hay clientes que realizan estos planteamientos y abogados que los aceptan. Nada es gratis en esta vida, y la prudencia aconseja desconfiar de tales pactos.

Porque en esta profesión, al igual que en la medicina, el trabajo realizado diligentemente por el profesional puede acabar con resultados distintos a los esperados, por la sencilla razón de que el resultado no depende del profesional. Así en Medicina, el resultado depende del propio paciente, de las complicaciones de toda índole que puedan suceder con independencia de que el tratamiento prescrito haya sido el adecuado.

Igualmente en Derecho, el resultado del pleito depende no ya solo de como el abogado ha realizado su trabajo, sino de la decisión de un tercero, el Juez, que puede tener una visión objetiva o subjetiva totalmente distinta a lo que pudiera se previsible.

Pero es que además, esta clase de pactos entraña consecuencias lesivas para ambas partes que a continuación pasaremos a describir.

Situación 1: el cliente que pacta la cesión de las costas al abogado actuante en caso de éxito en el pleito

pactos abogado gratisLas costas tienen por objeto indemnizar a la parte vencedora por la parte de la vencida, de los gastos a los que se le ha obligado a realizar por la defensa o por la reclamación de sus intereses. Las mismas, son tasadas en base a los criterios orientadores en materia de honorarios de los diferentes colegios profesionales y su cuantía no puede exceder de un tercio de la cuantía del pleito.

Si el cliente es persona física, ese tercio de la cuantía del pleito se calculara sin IVA, y dicho impuesto se añadirá a la cuantía resultante. Por el contrario, si el cliente es persona jurídica o autónomo, no tendrá derecho a dicho IVA pues cobrarlo resultaría un enriquecimiento injusto, dado que automáticamente se lo deduciría en su próxima declaración trimestral de dicho impuesto. Vemos por tanto que ya existe un factor nada despreciable a tener en cuenta (21% de IVA).

Pero la cosa no acaba aquí, el cliente que ha cedido esas costas al abogado, debe declararlas como ganancia patrimonial en su declaración de IRPF, es decir, que va a pagar impuestos por una cantidad que no ha recobrado y esto es así porque la Ley del Impuesto sobre las Personas Físicas considera que las costas tienen una naturaleza indemnizatoria para el cliente que no está exenta de tributación.

Y para acabar de complicar la cosa para el cliente, este desconoce en la mayoría de los casos el importe de dichas costas, que son cobradas generalmente por el abogado de manera directa en virtud del poder otorgado y de lo establecido en la correspondiente hoja de encargo profesional.

Vemos por tanto que para el cliente este pacto encierra una poderosa consecuencia que no había previsto, el pago de impuestos por unas cantidades que no ha percibido.

De no declarase las costas por el cliente, la inspección tributaria y la realización de una declaración paralela están garantizadas, además de la sanción por el incumplimiento en la declaración de las mismas.

Situación 2: El abogado que acepta el pago mediante las costas

Al margen de lo que libremente pueda pactarse en la correspondiente hoja de encargo profesional con el cliente, para cobrar las costas, el abogado debe, necesariamente, realizar una tasación en costas, que no es más que la solicitud por escrito que el abogado hace al Juzgado para que imponga a la parte vencida el cobro de las mismas.

La tasación en costas se practica por el Letrado de la Administración de Justicia (Antiguos Secretarios Judiciales) quien la aprobara o no, en virtud de las normas establecidas por los colegios de abogados, pero también por su percepción sobre si las mismas responden a la complejidad que el pleito ha entrañado. En ese sentido el Tribunal Supremo estableció en una sentencia que: “Las particularidades concretas del proceso minutado y, especialmente, la propia entidad de las actuaciones desarrolladas, así como las dificultades de las cuestiones debatidas, entre las que esta Sala ha destacado la circunstancia de la reiteración de asuntos iguales y que debe entenderse que facilita y simplifica su trabajo profesional, sin que ello suponga demérito alguno para la labor realizada por el Letrado minutaste.

Simplemente quiere decirse –y así lo ha venido declarando la Sala con reiteración- que, tratándose de asuntos prácticamente similares, no pueden calcularse los honorarios en función no sólo de la cuantía del asunto, sino, por el contrario, teniendo en cuenta la disminución de esfuerzo que, lógicamente, ha de suponer reproducir argumentos de otros recursos”.

Cuestión especialmente importante en pleitos de cuantía elevada y que con esta clase de pactos pueden hacer que el abogado no cobre realmente por el trabajo realizado, sino por lo que un tercero (en este caso el Letrado de la Administración de Justicia) considere que dicho trabajo efectivamente vale.

Finalmente, aceptar esta clase de cobro de honorarios, es decir, actuar como “abogado gratis“, resta independencia profesional al abogado, ya que lo convierte en parte interesada en el resultado final del pleito asumiendo el riesgo de resultado y la suerte del mismo, que solo debería interesar al cliente.

Conclusión, el pacto como “abogado gratis” conlleva riesgos añadidos

Esta clase de pactos como poco, deben ser analizados con mucha cautela, pues además de ser de dudosa ética, encierran graves riesgos para cliente y letrado.

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