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El beneficio de Justicia Gratuita nace como una consecuencia de la existencia de los artículos 24 y 25 de la Constitución Española (derecho a la tutela judicial efectiva y derecho de defensa) y son coralario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental.

¿En qué consiste la Justicia Gratuita?

En lógica coherencia con los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con todo ello, nuestra Norma Fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos.

Este principio rector del derecho constitucional de defensa para todos los ciudadanos, adquiere su máxima concreción en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (Justicia Gratuita), que regula el funcionamiento de tan importantísimo derecho constitucional, que no es otro que facilitar el acceso a la defensa de sus intereses a aquellos ciudadanos más desfavorecidos, permitiéndoles acceder a los servicios de los profesionales del derecho (Abogados y Procuradores)de manera gratuita para la defensa de sus derechos.

¿Qué cubre la Justicia Gratuita?

  • Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos,
  • Víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental,
  • Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiere designado abogado.
  • Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
  • Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
  • Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
  • Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.
  • Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el Reglamento Notarial.
  • Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
  • Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
  • Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples.
  • Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Justicia Gratuita?

En el artículo 3 de la ley se establecen los requisitos mínimos en cuanto a renta se refiere para que un ciudadano pueda solicitar el beneficio de justicia gratuita y son:

  • Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:
  • Para personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar: Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud (actualmente 1.065,02 € brutos/mes)
  • Para unidades familiares con menos de cuatro miembros: Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud (actualmente 1.331,27 € brutos/mes)
  • Para unidades familiar compuestas por cuatro o más miembros: Tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud (actualmente 1.557,93 € brutos/mes)

¿Dónde se solicita la Justicia Gratuita?

El beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita (Justicia Gratuita) se solicita ante las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de las diferentes Comunidades Autónomas, aunque por razones de eficacia, son los Colegios de Abogados los que a través de sus SOJ gestionan directamente con el ciudadano la tramitación del mismo y envían a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita las solicitudes de los ciudadanos.

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